Se licenció en Derecho en la Universidad de Granada.

Ingresó en la carrera fiscal el 1 de abril de 1962, siendo destinado a la Fiscalía de Barcelona.

En 1973 fue sancionado durante dos años con un traslado forzoso a la Fiscalía de Huesca por la defensa de los derechos humanos, concretamente la defensa de detenidos políticos y la persecución de la tortura.

En 1987 fue nombrado fiscal jefe de la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Barcelona, cargo desde el que adoptó medidas para persecución de la delincuencia económica, creando un grupo especializado de fiscales para dicho fin. Asimismo, impulsó medidas para la persecución de la violencia doméstica y de diversos colectivos víctimas de malos tratos o de conductas lesivas, como los trabajadores por razón de la siniestralidad laboral. Igualmente constituyó grupos de policía judicial, de policía nacional, de guardia civil y de policía autonómica que prestaron importantes servicios en la investigación de los delitos y en la protección de las víctimas.

En 1995 asumió la jefatura de la Fiscalía Especial Anticorrupción donde impulsó un amplio abanico de medidas para la investigación de la delincuencia financiera y de los delitos económicos con una especial atención a los problemas de la cooperación penal internacional.

En julio de 2003, el gobierno del Partido Popular aprovechó una reforma legal para cesarlo en su cargo por razones exclusivamente políticas sin que mediaran, en ningún caso, motivaciones profesionales que se alegaran desde ningún ámbito.

Durante seis años fue profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Barcelona.